Santo Domingo, D.N.- En el 60ta período de sesiones del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, celebrado el martes pasado, en Ginebra, Suiza, el relator especial sobre sustancias tóxicas, Marcos Orellana, recomendó al Gobierno dominicano el abandono del carbón mineral en la Central Termoeléctrica Punta Catalina, y su reemplazo progresivo por gas natural o por energías renovables para reducir emisiones y residuos.
Orellana presentó ante el máximo cónclave mundial sobre derechos humanos, el informe final de su visita a la República Dominicana efectuada del 13 al 22 de mayo de este año.
En este informe que abarca múltiples aspectos como la gobernanza ambiental, los desechos eléctricos, electrónicos y los plásticos, los pesticidas peligrosos, y las actividades industriales y mineras, colocó un fuerte énfasis en la calidad del aire que ponen en riesgo especialmente las emisiones aéreas de Punta Catalina de micropartículas y de gases ácidos.
En este sentido, urgió la revisión de los reglamentos técnicos ambientales nacionales sobre la calidad del aire para alinearlos con las directrices de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud, OMS.
Las voces de los afectados
Ei informe se hace eco de los testimonios de los numerosos afectados de Punta Catalina que relatan que han sufrido pérdidas en la agricultura, en la pesca, de terrenos inundados por el mar, así como enfermedades poco frecuentes antes de que comenzara a operar Punta Catalina, que han cobrado vidas de niños, jóvenes y de adultos mayores.
Insta a monitorear continuamente la calidad del aire y sus efectos sobre la salud de las personas, especialmente de aquellas que habitan en las comunidades aledañas a actividades industriales como la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
Recomienda realizar estudios epidemiológicos para investigar los riesgos asociados a la exposición a contaminantes tóxicos generados por actividades industriales.
Más específicamente, llama a investigar y abordar los impactos ambientales y de salud de los proyectos como Punta Catalina, provincia Peravia, y la mina Pueblo Viejo, de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
Por otra parte, considera que se debe garantizar el acceso a mecanismo de recursos efectivos para las víctimas de violaciones del medio ambiente y de los Derechos Humanos.
El informe recomienda que se investiguen las denuncias de actos de corrupción cometidos en Punta Catalina.
Mina de Pueblo Viejo
Ante los actos de violencia escenificados en El Naranjo de Zambrana, el informe reafirma que se debe garantizar el derecho a reunión y proteger a la población contra los desalojos.
Plantea que en la reforma de la ley minera se introduzca la obligación de las empresas mineras de elaborar planes para el cierre de presas de relaves.
Igualmente, establecer zonas de amortiguación obligatorias y adecuadas entre las operaciones mineras, incluidas las instalaciones de relaves, y las comunidades.
Desechos, plásticos y pesticidas
El informe del relator especial de Nacionales Unidas constata que el país enfrenta una emergencia oficial de residuos que amenaza a las comunidades y al medio ambiente.
Recomienda la eliminación de los vertederos peligrosos y la creación de rellenos sanitarios. A la misma vez promover el reciclaje y apoyar el trabajo de los recicladores, mejorando sus ingresos y dotándolos de protección y herramientas.
Identifica los plásticos y los desechos eléctricos y electrónicos como un aspecto crítico. Exhorta a sustituir las espumas y los productos plásticos de un solo uso por alternativas sostenibles.
En cuanto a los pesticidas peligrosos, recomienda la implementación de la declaración de febrero de 2025 acordada por varias instituciones públicas del país para aplicar y monitorear permanentemente las regulaciones nacionales e internacionales sobre el uso de plaguicidas.
Establece que se debe prohibir de inmediato el paraqual y el clorpirifós, así como prohibir la pulverización aérea no regulada de plaguicidas mediante drones. También se debe hacer cumplir las normas sobre zonas y horarios libres de pesticidas cerca de las escuelas.
Sugiere que las autoridades deben garantizar el acceso a la justicia y a recursos efectivos para las personas perjudicadas con pulverización de pesticidas.
Escazú
El relator especial de Naciones Unidas, Marcos Orellana, sugirió que se revise la ley que crea el Tribunal Constitucional para que tenga mecanismo de revisión de sus decisiones, a fin de que el alto tribunal deje sin efecto la decisión que considera el Acuerdo de Escazú no compatible con la Constitución de la República.
El relator en su informe sostiene que esta decisión la tomó el Tribunal Constitucional sobre una interpretación errónea de aspectos del contenido del Acuerdo de Escazú.
También recomienda la introducción en la legislación de sanciones a los delitos ambientales proporcionales a los daños producidos, y sugiere que el nuevo Código Penal agrupe en una sesión o capítulo especial dedicado a los delitos contra el medio ambiente, los delitos actualmente previstos en múltiples leyes.
El informe instó a los tribunales a que apliquen en materia ambiental, tal como lo prescribe la ley, el principio precautorio y la inversión de la carga de la prueba. Basta la sospecha razonable de la posible ocurrencia de un daño, para fallar a favor de las posibles víctimas, y obligar a los demandados por daños ambientales a presentar las pruebas de su inocencia, y no al revés, que sean las víctimas las que presenten las pruebas del daño.
El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático, CNLCC, y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente, INSAPROMA, agradecieron al relator especial y a las Nacionales Unidas el informe presentado, y se comprometieron difundir su contenido y a luchar para que sus recomendaciones sean puestas en práctica.
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